Un grupo de legisladores de Morena presentaron una iniciativa para modificar el proceso de elección judicial y algunos aspectos operativos del Poder Judicial de la Federación, mediante una reforma constitucional que, de aprobarse, tendría impacto en la forma en que se renovarán la mitad de cargos de jueces y magistrados en 2027.
1. Poder Judicial como obstáculo para la inversión
La necesidad de atender los riesgos y problemas del nuevo sistema judicial, que surgió de la reforma constitucional de 2024, se han expuesto desde diversos sectores de la sociedad, pero en últimas fechas ha tenido mayor relevancia frente a las negociaciones del T-MEC y a los planes de la presidenta Sheinbaum para atraer inversión a nuestro país.
Abiertamente se ha mencionado que el poder judicial es un factor que inhibe los proyectos de inversión. Las tres principales agencias de calificación, Fitch, Moody’s y Standard & Poor’s, mantienen calificaciones de grado de inversión medio-bajo para la deuda soberana mexicana. En la más reciente publicación de Fitch de 10 abril de 2026, el grado se mantiene en BBB. Esta calificadora señala que “La administración de Sheinbaum está tratando de aumentar la inversión, pero esto podría verse obstaculizado por las preocupaciones del sector privado sobre las reformas institucionales, especialmente la relevante reforma judicial, y la agencia tributaria.” Ya desde noviembre de 2024, Moody’s proyectó una perspectiva negativa, destacando que la reforma constitucional del poder judicial planteaba riesgos para el sistema de controles y equilibrios de México.
En el Reporte sobre el clima de inversión en México para 2025, del Departamento de Estado de EE.UU., se mencionaba la preocupación frente al sistema judicial mexicano, previendo que podrían afectar la previsibilidad e imparcialidad de las decisiones judiciales. También se señaló que la situación del poder judicial ha generado dudas sobre el clima de inversión, particularmente en los sectores de energía, agricultura y gestión de pensiones para el empleo formal. Además, los inversionistas estadounidenses expresaron incertidumbre sobre la evolución de las políticas bilaterales y el resultado de la revisión del T-MEC de 2026.
Por otra parte, en declaraciones del 17 de abril de 2026, Michael Kozak, Subsecretario de Estado para los Asuntos de América Occidental de EE.UU., hizo público que junto con inversionistas norteamericanos, se ha dialogado en repetidas ocasiones con México sobre la necesidad de jueces calificados, independientes y que no estén controlados por los cárteles o por países como China. Reconoció que es un tema preocupante y señaló que si el gobierno de México quiere atraer inversión, es necesario que exista confianza en su poder judicial.
2. Problemas que identifica la Iniciativa
La Iniciativa de reforma aborda los conceptos de estado de derecho y confianza ciudadana, pero no hace mención sobre la necesidad de dar certeza a los inversionistas. La exposición de motivos señala que las modificaciones buscan perfeccionar el modelo de elección judicial y robustecer la confianza ciudadana en el poder judicial como pilar fundamental del estado constitucional de derecho.
Esta propuesta se centra en algunos de los problemas que se han planteado del nuevo sistema judicial en México y expone lo siguiente:
Evaluación. La experiencia del proceso electoral 2024-2025 demostró que pedir promedios académicos mínimos o cartas de recomendación es insuficiente para medir competencias técnicas, tales como argumentación jurídica, interpretación de normas y perspectiva de derechos humanos. Además, la revisión de miles de expedientes saturó a los comités.
Empalme de elecciones. En 2027 se elegirá a la segunda mitad de jueces y magistrados, en el mismo proceso electoral de gobernantes y otros cargos. La Iniciativa señala que esto generará riesgos graves: menos análisis de los perfiles técnicos, desinformación en los votantes, politización de las candidaturas y una fuerte presión operativa sobre el INE.
Cargas de trabajo y vacantes. La nueva Suprema Corte enfrenta altas cargas de trabajo. Respecto de jueces y magistrados, el diseño actual no permite cubrir de manera ágil las ausencias prolongadas o vacantes definitivas, poniendo en riesgo la continuidad de la justicia.
3. Soluciones que propone la Iniciativa
Tras identificar las deficiencias del modelo actual —particularmente la insuficiencia de los requisitos técnicos y el riesgo de politización por la concurrencia electoral—, la Iniciativa articula un conjunto de soluciones que buscan reestructurar la selección de juzgadores sobre tres ejes fundamentales: la profesionalización obligatoria, la centralización de la evaluación y la desvinculación política del calendario electoral. Incluso propone regresar al funcionamiento de la Suprema Corte, no solo en Pleno, sino también en “secciones”, lo equivalente a las dos salas que existían hasta 2025.
Nueva fecha y despolitización. Para evitar la concurrencia con procesos políticos, se propone recorrer la próxima elección judicial hasta junio de 2028, con lo que se dará más tiempo para la deliberación pública y permitirá que el INE tenga un rol preponderante y más ordenado.
Nacionalidad mexicana. Para ser electo ministro, magistrado o juez se elimina el requisito de ser mexicano por nacimiento, para permitir contender a las personas con nacionalidad mexicana.
Certificación y comité único. Para la selección de funcionarios judiciales se pedirá una certificación de competencias emitida por la Escuela Nacional de Formación Judicial mediante exámenes estandarizados. También se eliminarán los tres comités de cada uno de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, para crear un solo Comité Único de Evaluación. Este comité estaría integrado por representantes de los tres poderes.
Poderes judiciales locales. Para la elección de jueces y magistrados locales, también será necesaria la certificación de competencias emitida por la Escuela Nacional de Formación Judicial.
Eficiencia. Para agilizar asuntos, la Suprema Corte funcionará en Pleno y en dos secciones. Habrá un nuevo esquema para que el Órgano de Administración Judicial cubra vacantes con prontitud. En el caso de renuncias o separación definitiva de funcionarios judiciales, se prevé que el Senado podría elegir a la persona sustituta.
Sistema de precedentes. Las sentencias de la Suprema Corte de Justicia serán obligatorias para el resto de los órganos jurisdiccionales solo si hay una publicación de tesis -sin que se mencione el número de votos necesarios-. Con esto se dejaría atrás el sistema de precedentes actual en el que son obligatorias las “razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias” del Pleno, con una votación favorable de seis votos.
En la Iniciativa se menciona que una vez aprobadas las reformas constitucionales, podría impulsarse un Observatorio Ciudadano para evaluar públicamente el desempeño de las personas juzgadoras, sin que esta propuesta se prevea en algún precepto constitucional.
4. Siguientes pasos
Ante cuestionamientos en la mañanera, la presidenta Sheinbaum ha respondido que están analizando si es conveniente o no aplazar la elección judicial de 2027 a 2028, sin que a la fecha exista una propuesta concreta del Ejecutivo Federal. Por su parte, la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, hizo pública la petición de ese órgano para que la elección judicial y la revocación de mandato se realicen en 2028, considerando que esto beneficiaría a la ciudadanía.
Sin embargo, la presión sobre el gobierno federal para dar condiciones de certidumbre a los inversionistas, podría obligar a una reforma judicial que no se limite solamente a cambiar la fecha de la elección de jueces y magistrados, sino a una que resuelva la falta de credibilidad en la justicia mexicana. La Iniciativa presentada esta semana puede ser un avance en abrir el debate público, pero tendremos que esperar a ver si logra avanzar en el proceso legislativo y en el visto bueno de quienes han subrayado la necesidad de un cambio.
