En todos los casos, son ideales para ingresar al sistema financiero, como ingresos lícitos, recursos cuyo origen proviene de actividades ilícitas.
Las empresas fantasma o factureras son mecanismos sofisticados de la delincuencia de cuello blanco, por versátiles y multifacéticas. Destacan en la evasión fiscal y el desvío de recursos públicos , pero también se utilizan para otro tipo de delitos, desde el fraude entre particulares, como ocurrió con la Cooperativa Cruz Azul, hasta el lavado de dinero. Encubren identidades y dan la apariencia de legalidad a actividades criminales.
Su ventaja operativa es que, además de estar constituidas ante fedatario público y tener clave en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), los socios son prestanombres o personas cuya identidad ha sido robada. Los Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) los emiten desde la plataforma del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y las transferencias las operan en cuentas bancarias a su nombre. El formato legal existe, aunque las actividades que efectúan son simuladas, o bien, al ser reales, su finalidad es la consumación de delitos de lo más diversos.
Una modalidad es el contrabando. El más emblemático es el huachicol fiscal; pero las empresas operan otro tipo de mercancías, tanto en exportaciones como en importaciones falsas.
La lógica es muy rentable: las exportaciones en México, como en otros países , están gravadas con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la tasa de 0%. Si las factureras aparentan que venden productos al extranjero, pueden exigirle al gobierno que les devuelva un impuesto que en realidad nunca pagaron. Crean un rastro de CFDIs y pedimentos aduaneros lo suficientemente complejo para que, cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) intente auditar y note que las mercancías no existieron, las sociedades ya estén liquidadas y sus dueños (ficticios) hayan desaparecido.
La simulación ha cruzado la línea entre el fraude fiscal y el blanqueo de capitales del narcotráfico. En la década pasada, se destaparon casos en que la delincuencia organizada utilizaba empresas fantasma en el sector minero de los estados de Michoacán y Colima. Tramitaban pedimentos falsos para enviar, supuestamente, toneladas de hierro a China . En realidad, el mineral no salía —o salía en menor cantidad—, pero el artificio servía para justificar transferencias electrónicas multimillonarias desde Asia a cuentas bancarias mexicanas, haciendo pasar dinero de la droga como pago de exportaciones legítimas.
En lo que hace al falseo de importaciones, el esquema consiste en traer a México contenedores repletos de diversas mercancías, declarando en las aduanas mexicanas valores muy inferiores a los reales o modificando la naturaleza de los productos para ubicarlos en una fracción arancelaria que no cause el Impuesto General de Importación, ni el IVA real. Para evitar ser sancionados o sujetos a créditos fiscales, la operación la realiza una empresa fantasma de comercio exterior. Una vez que la mercancía ingresa al país y es distribuida en los mercados informales —es contrabando—, la importadora desaparece de los registros del SAT.
Dos investigaciones dan cuenta de esta práctica. Uno son las importaciones de productos textiles y calzado con subvaluación masiva , con precios exageradamente castigados. Otro es la adulteración de mezclas de azúcar con carbón activado , en que se declara la importación de ese compuesto y, una vez en México, se separan los componentes y se comercializa el azúcar en forma ilegal. En ambos, la participación de empresas fantasma es clave. Las investigaciones se han topado con cascarones sin activos, domicilios falsos y prestanombres ilocalizables.
La estafa entre particulares es otra variante de su actuación. Las víctimas caen en el engaño porque los defraudadores entregan contratos formales y CFDIs, lo que da una apariencia de total legalidad, antes de esfumarse. De ese modo atraen inversionistas o clientes, o les venden productos que jamás entregan. Una vez pagados los anticipos, el dinero se retira de las cuentas de manera inmediata y las sociedades desaparecen.
En algunas ocasiones, las factureras han defraudado a comercios con falsas promesas de ahorros de energía eléctrica, mediante el cobro del 50% de anticipo para la instalación de paneles solares. Después, los clientes han descubierto que las oficinas comerciales son rentadas por días y las razones sociales, meras fachadas.
Otro descaro se da en la venta de tiempos compartidos, en que grupos delictivos han constituido compañías con nombres similares a corporativos hoteleros reconocidos, ofreciendo paquetes de lujo. Exigen el anticipo vía transferencias y, una vez cobrados, dan de baja las páginas web y vacían las cuentas.
Un caso que ha resonado atañe a la Cooperativa Cruz Azul . La cúpula directiva utilizó el presupuesto de la cementera —patrimonio que pertenece a los socios— para contratar servicios irreales a una red de factureras. La entidad pagaba facturas millonarias por conceptos intangibles y difíciles de comprobar, como consultorías estratégicas, asesorías legales, relaciones públicas y estudios de mercado. Una vez enviado el dinero, se dispersaba rápidamente. Una parte se retiraba en ventanillas bancarias y otra se triangulaba a cuentas de los directivos en el extranjero, sobre todo en paraísos fiscales.
Una modalidad dramática es el tráfico de personas y de armas. El traslado ilegal de migrantes y el contrabando de armamento requieren infraestructura física, como bodegas, camiones, personal y pago de viáticos. Las redes involucran pagos a polleros, proveedores e, incluso, mordidas a policías y otros funcionarios. Las empresas fantasma permiten dispersar estos pagos de manera fragmentada, con honorarios o gastos operativos maquillados, evitando así alertas bancarias por depósitos sospechosos.
Las mil caras de las factureras son codiciosas. Para el crimen organizado no es solo el ahorro de impuestos: es el anonimato financiero de la estructura de un negocio ilegítimo.
