Contabilidad fiscal: lo que no es parejo, es chipotudo [Animal Político]

enero 30, 2015agosto 12, 2015 luis

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La contabilidad electrónica para efectos fiscales es un dolor de cabeza para los contribuyentes. El SAT nos acosa con una obligación que las empresas deberán cumplir en forma mensual en los primeros tres días de marzo, y las personas físicas dos días después. Con esa información y con la que se recabe de bancos, proveedores y clientes, las autoridades fiscales conocerán con precisión cómo cumplimos con las obligaciones a nuestro cargo. Es una fiscalización permanente: un Big Brother fiscal.

Llevar la contabilidad por medios electrónicos es una especialidad. A la mayoría de los contribuyentes se nos escapan los detalles. No es tarea de simples mortales. Además de cara y engorrosa, es imposible que por nosotros mismos cumplamos con esta obligación. Por lo tanto, será fácil incurrir en fallas que nos generen contingencias. A la necesitad de contar con programas especiales de cómputo se suma el volumen de información y documentación a subirse al portal del SAT.

Lo curioso del caso es que el gobierno federal no aplica el mismo empeño para llevar su contabilidad, que legalmente implica la “presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial”. Se trata de una obligación que en la Constitución Federal existe desde hace varias décadas, aunque el esquema actual rige desde mayo de 2008.

Los propósitos fundamentales de la contabilidad gubernamental son la transparencia y la rendición de cuentas, es decir, cómo están las finanzas públicas y cómo el gobierno se gasta nuestros impuestos. Los principios que la rigen tienden a “facilitar el registro y fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, y la administración de la deuda pública”. En otras palabras, la contabilidad es la herramienta por la que el gobierno demuestra a los ciudadanos que el dinero público se gastó de manera ‘eficiente, eficaz, trasparente, económica y honesta’, como marca la propia Constitución Federal.

Al igual que en toda gran empresa, las decisiones financieras y de políticas públicas del gobierno federal se toman en función de los datos e informes contenidos en la contabilidad gubernamental. Es así como el gobierno rinde cuentas financieras de su gestión. Hacerse de distinta manera implicaría una total irresponsabilidad. El tema no es menor, por eso la relevancia constitucional que se le asigna.

Lo paradójico del caso es que el gobierno federal un año incumple y otro también la obligación de llevar la contabilidad de manera correcta y completa. La consecuencia es que nadie sabe con precisión y veracidad cómo están las finanzas públicas, a qué se destinan nuestros impuestos y cuál es la calidad del gasto público. Van unos ejemplos de muestra:

De 2002 a 2009, la cuenta pública federal no fue aprobada por la Cámara de Diputados, por irregularidades reportadas por la Auditoría Superior de la Federación en la contabilidad gubernamental. En un estado de Derecho, como México, esta irresponsabilidad es inadmisible.

En el informe de 2012, la Auditoría Superior de la Federación denuncia irregularidades en la contabilidad gubernamental, del siguiente tipo: la aplicación de ‘procesos manuales’ (no sistematizados) implica riesgos de error; la información financiera del sector público ‘está incompleta’; y las notas a los estados financieros del gobierno federal ‘no proporcionan’ suficiente información sobre el ‘significado’ de las cifras presentadas. En pocas palabras, la contabilidad está mal llevada.

Lo anterior delata la falta de transparencia en la gestión financiera del gobierno federal y justifica la sospecha de malos manejos de los dineros públicos. Si no fuera así, ¿por qué la displicencia en esta materia? Lo peculiar del caso es que una irregularidad de este tipo carece de sanción alguna. Los funcionarios públicos actúan en completa impunidad.

El mayor disparate es que la Secretaría de Hacienda es la entidad que más irregularidades comete. Así lo señala la Auditoría Superior de la Federación en su informe de 2012, conforme a la siguiente síntesis:

Inobservancia de postulados básicos de contabilidad gubernamental: 68 irregularidades, lo que la pone en el nada elogiable primer lugar de todo el gobierno federal.

Inobservancia de ordenamientos legales: 551 irregularidades cometidas por la Secretaría de Hacienda, que le asigna el sexto lugar del gobierno federal.

Recurrencia de irregularidades contables: 383, ocupando el quinto lugar del gobierno federal.

Por otro lado, en las entidades federativas la situación es caótica, y peor en los municipios. Los rezagos son grandes, como consta en la siguiente lámina:

8º-Ap-Contabilidad-gobierno-2

La comparación es inevitable. La severidad y los apuros para que llevemos contabilidad electrónica, contrasta con la complacencia de los gobiernos federal, estatales y municipales en lo que hace a la contabilidad gubernamental. Si los ciudadanos incumplimos, las consecuencias legales en nuestra contra son grandes. A los funcionarios públicos, en cambio, no les pasa nada. Y eso que el deber de cuidar nuestros impuestos de manera responsable y honesta se establece en la Constitución Federal.

El trato es disparejo. No se vale.