Gatopardismo fiscal [Reforma]

septiembre 17, 2019septiembre 17, 2019 luis

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La reforma legal que está por aprobarse en el Congreso prueba que las acciones en contra de las empresas fantasma han fallado.

En su novela El Gatopardo, Lampedusa mostró que muchos de los cambios en las estructuras de poder son aparentes y que, al final, la realidad permanece inalterada. Es lo que ocurre con la reforma legal que pretende calificar la evasión fiscal como delincuencia organizada: es una simulación que carece de racionalidad constitucional.

La delincuencia no se combate con reformas legales. El discurso encaminado al endurecimiento de las sanciones es simbólico. Si este tipo de medidas fueran efectivas, en México no existiría el secuestro dada su penalidad de hasta 140 años de prisión. Las condenas actuales contra los evasores fiscales rondan los 25 años, que como medida de reprensión sería ejemplar si se aplicara con efectividad.

La reforma legal que está por aprobarse en el Congreso prueba que las acciones en contra de las empresas fantasma han fallado. Los principales operadores -factureros- están identificados. Es sorprendente, sin embargo, la impunidad y el cinismo con que actúan. Se trata de un negocio apetitoso, con complicidades que operan a la manera de los cárteles delictivos. Varios funcionarios de la 4T saben que la compra de voluntades se fragua entre propios y extraños, algunos muy propios y otros no tan extraños.

La pasividad de las autoridades es ofensiva. Incrementar las penas es el camino fácil para enmascarar su ineficiencia. La paradoja es que el SAT contrató obras inexistentes por más de mil millones de pesos y hasta el momento no se han fincado responsabilidades a los culpables. En otro caso, un facturero tuvo la osadía de robar la identidad del jefe del SAT para constituir 84 empresas fantasma, darlas de alta en el registro federal de contribuyentes y abrirles cuentas bancarias. Surrealismo puro.

De aprobarse en el Congreso, la reforma se aplicaría hacia el futuro. La irretroactividad de las leyes penales impide sancionar delitos cometidos con anterioridad a su vigencia. Por eso, el interés de la Secretaría de Hacienda por impulsar la reforma puede leerse como la claudicación en perseguir el tráfico pasado de facturas falsas. ¿O acaso es un impasse para prolongar y disimular la apatía institucional?

Las empresas fantasma son multifuncionales. Resulta inexplicable, por ello, que su tipificación como delincuencia organizada no se extienda al desvío de recursos públicos ni al financiamiento de campañas electorales, campos en los que los factureros se despliegan con desfachatez. Se trata, entonces, de generar terror en los contribuyentes, no en los gobernantes corruptos.

Es una ilusión suponer que la reforma intimidará a los factureros. Los márgenes con que estos operan son tan grandes que inhiben cualquier acción legal en su contra. Lo que se propiciará, en cambio, es que funcionarios deshonestos extorsionen a contribuyentes formales. El escenario fiscal presente se resume en aquella famosa frase de El Gatopardo: “Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie”.
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