La Orden Ejecutiva emitida esta semana por el presidente Donald Trump ha alcanzado otro nivel, reclasificando el fentanilo ilícito y sus precursores como un arma de destrucción masiva (ADM). Con este cambio, el gobierno de EE. UU. busca una expansión de los instrumentos legales disponibles para el combate al narcotráfico y al terrorismo. ¿Cuáles son las cinco claves que definen la nueva “guerra contra las drogas”?
- Redefinición jurídica: El fentanilo es ahora un arma química
La Orden “Designating fentanyl as a weapon of mass destruction” considera al fentanilo como ADM a partir de la letalidad extrema de dicha sustancia, solo dos miligramos son una dosis mortal. Para el gobierno de Trump, la potencia de esta droga la sitúa más cerca de un agente de guerra química que de un narcótico tradicional.
Esta redefinición legal sienta un precedente crítico al evaluar sustancias basándose en su potencial de daño. La frase con la que inicia la Orden: “Illicit fentanyl is closer to a chemical weapon than a narcotic”, se convierte en la nueva máxima jurídica que justifica la activación de los instrumentos para la destrucción y no proliferación de ADM.
Con esta medida, el problema del fentanilo pasa del Título 21 del Código de Regulaciones Federales (drogas y alimentos) a la esfera del Título 50 (guerra y defensa nacional), habilitando un conjunto de recursos penales y militares más amplios.
- ¿Se ha utilizado el fentanilo como ADM?
En octubre de 2002, el ejército ruso utilizó gas para detener a los terroristas chechenos que secuestraron a más de 800 personas en el teatro Dubrovka de Moscú. El resultado fue la muerte de todos los asaltantes y de al menos 117 rehenes. Ante la especulación de cuáles fueron las sustancias químicas utilizadas en la operación de rescate, finalmente se dio a conocer que se trataba de fentanilo.
A nivel internacional, se han firmado diversos acuerdos relacionados con las ADM como el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares y la Convención sobre Armas Biológicas, entre otros, sin que a la fecha se considere al fentanilo.
- La activación del gobierno federal de EE. UU.
El presidente Trump ordena a diversas secretarías y departamentos a que actúen para combatir el fentanilo ilegal y sus precursores, bajo una nueva estrategia:
- Procurador General: Se exige la persecución penal con la aplicación de sentencias más severas, potencialmente vinculadas al terrorismo o crímenes de guerra.
- Secretarios de Estado y del Tesoro: Sus acciones deberán dirigirse contra los activos e instituciones financieras que apoyen el ciclo de producción y distribución, empleando herramientas de sanciones económicas y designaciones extraterritoriales.
- Secretario de Defensa: Se evaluará el uso de recursos militares y se actualizarán los protocolos de respuesta a incidentes químicos, difuminando las líneas entre el derecho de policía y el derecho militar.
Este enfoque se justifica por la identificación de los cárteles no solo como criminales, sino como actores de un conflicto armado que amenazan la estabilidad regional y la seguridad nacional.
- Una nueva teoría de financiamiento del terrorismo
La Orden Ejecutiva formaliza un vínculo directo entre el narcotráfico de fentanilo y el financiamiento del terrorismo global. La producción y venta de esta droga son identificadas como una fuente clave de recursos para Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs).
Este marco legal proporciona a los fiscales de EE. UU. una nueva herramienta para elevar las acusaciones, transformando a los narcotraficantes en actores hostiles con la capacidad de llevar a cabo “asesinatos, actos terroristas e insurgencias”, modificando la naturaleza de la defensa penal en estos casos. Además, la equiparación legal habilita el uso, por parte de las autoridades de EE. UU., de un conjunto de medidas de contraterrorismo y el uso de inteligencia para desmantelar redes de contrabando.
- La escalada en la estrategia de EE. UU.
La designación de ADM no es un acto aislado, sino la siguiente fase en una estrategia escalonada que busca fortalecer el combate contra los cárteles o grupos terroristas (FTOs), siguiendo esta ruta:
- Declaración de Emergencia Nacional en la frontera sur, para lograr el control operativo de la frontera, combatir a los cárteles y asegurar a EE. UU.
- Designación de ocho cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGTs).
- Imposición de aranceles para hacer frente a la falta de respuesta de México, Canadá y China ante el flujo de fentanilo venenoso y otras drogas hacia EE. UU.
- Autorización del presidente Trump de ataques militares para detener las drogas letales, destruir las narco-embarcaciones e interrumpir a narcoterroristas.
- Expedición de la Ley HALT Fentanyl, en la que se clasifican las sustancias relacionadas con el fentanilo como una droga de la Lista I bajo la Ley de Sustancias Controladas.
La clasificación ADM se ha calificado como una de las herramientas más poderosas del gobierno de EE. UU., llevando la lucha a un nivel de confrontación sin precedentes en la historia reciente de la guerra contra las drogas.
¿Qué sigue para México?
La publicación de la Orden Ejecutiva coincide con una escalada en las acciones que EE. UU. ha venido tomando en contra de Venezuela, sin que sea posible considerar que la nueva política se centre en un solo país.
La designación del fentanilo como una ADM también va dirigida a México. La nueva estrategia de EE. UU. de combate al narcotráfico a un nivel de defensa nacional y guerra química, presiona al gobierno de nuestro país para ampliar la cooperación en operaciones conjuntas y aumenta el riesgo de incursiones militares en territorio mexicano.
Por su parte, el sector financiero tendrá que fortalecer rápidamente sus medidas de prevención de lavado de dinero e incluso cancelar cuentas o contratos que sean sospechosos, en aras de prevenir sanciones como las que enfrentaron Vector y CI Banco. Las empresas mexicanas deben evitar cualquier tipo de transacción con entidades o personas incluídas por el gobierno de EE. UU. en las listas OFAC, con el riesgo de sancionarlas por brindar apoyo material o recursos a organizaciones terroristas.
Descargar este artículo en formato PDF
