Empresas fantasma facturan más de dos billones de pesos [Debate]

junio 13, 2019agosto 8, 2019 luis

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Luis Pérez de Acha señala que en los últimos años la evasión fiscal se ha incrementado considerablemente

Sinaloa.- El fenómeno de empresas fantasma, evasión fiscal y desvió de recursos públicos ha existido e incrementado en los últimos diez años.

El caso más significativo registrado es la “estafa maestra”, en donde identificaron alrededor de 9 mil millones de pesos, las cuales llegan a facturar más del 100 mil millones de pesos, y que se encuentran listadas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), afirmó Luis Pérez de Acha, especialista en derecho constitucional, fiscal y administrativo.

A pesar de que el SAT tiene un listado de 9 mil empresas fantasma para su investigación, la corrupción arraigada entre algunos funcionarios ha derivado en la impunidad al evadir impuestos.

En total, entre las empresas fichadas y las no detectadas por el SAT facturan anualmente alrededor de 2 billones de pesos.

La complicidad de servidores públicos provocó que, en la pasada administración del SAT, operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación robara la información a un alto mando de la institución.

El hecho de que sean empresas fantasma —dijo— no ha limitado su operación de simuladores de operaciones legales, a tal grado de contar con facturas electrónicas, huellas dactilares y cuentas bancarias.

Medidas

Uno de los sectores públicos más afectados —afirmó— es el de la salud, por el volumen de recursos económicos que operan.

Precisó que las finanzas públicas ya no soportan el saqueo de recursos, lo que ha obligado a las autoridades a definir un esquema estricto.

El dirigente del Comité de Participación Ciudadana, Francisco Manuel Mojica, sostuvo que a partir del artículo 69-B del Código Fiscal se han realizado esfuerzos para reducir la operación de empresas fantasma a través de las contrataciones públicas, el nuevo modus operandi de los evasores fiscales para no ser detectados por el SAT, por ello advirtió la importancia de aplicar el artículo 32-B para evitar la práctica.

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