FGR: ¿una nueva autocracia? [Animal Político]

Es más fácil hacer leyes que gobernar

León Tolstói

Las prisas en la Cámara de Senadores por aprobar una nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República carecen de sentido. Es cierto que la ley aún vigente, publicada en diciembre de 2018, establece la conveniencia de revisar y, en su caso, modificar el marco constitucional y legal de la FGR, un año después del nombramiento de Gertz Manero como su titular, el 18 de enero de 2019. Han pasado 24 meses y el retraso de un año, sin embargo, no justifica que ahora, de súbito, se precipiten los tiempos.

La iniciativa de la Ley Orgánica quiso sacarse adelante al cierre de las sesiones en diciembre pasado. Al no lograrse, se convocó a un período extraordinario para el 15 de enero de este año, que por la crisis sanitaria fue suspendido. Como lo anunció el senador Ricardo Monreal, el proyecto será discutido en el período ordinario que iniciará el 1º de febrero.

En un informe presentado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, más de 200 organizaciones y especialistas agrupados en el colectivo #FiscalíaqueSirva revelan múltiples omisiones, retrasos y violaciones a la Ley Orgánica de la FGR, que han impedido la transformación de esta dependencia. Ahora, sin ninguna explicación, se pretende derogar la ley completa y sustituirla con una nueva que desaparezca el Consejo Ciudadano y concentre mayores poderes en el Fiscal General, sin contrapesos internos.

Desde la reforma constitucional de febrero de 2014, el diseño de la FGR tiene inconvenientes destacados. El primero es la autonomía del órgano que recae en una sola persona, a diferencia de lo que sucede con este tipo de órganos cuyas decisiones trascienden al funcionamiento del Estado o inciden en los ciudadanos, y que son siempre colegiados: Banco de México, Comisión Federal de Competencia, Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Nacional Electoral, por ejemplo.

En el caso de la FGR, sus actuaciones ponen en suerte la libertad, el patrimonio y la tranquilidad de los particulares, como manifestaciones del imperium del Estado. En vías de hecho, su poder es descomunal, mucho mayor que del presidente de la República. Un leviatán constitucionalizado.

A esto se liga otro inconveniente: la duración del cargo del titular es de nueve años, un 50% más que el presidente y los gobernadores, con el riesgo connatural de que la autonomía constitucional se pervierta y se transforme en autoritarismo. Además, el Fiscal General es difícilmente removible, pues solo puede hacerlo el ejecutivo federal y por causas graves establecidas en la ley, pero que pueden objetarse por la mayoría de los senadores.

Estas disfuncionalidades enfatizan lo que ya sabemos: las reformas no pueden ser un impromptu legislativo. La Ley Orgánica vigente determina que los cambios tienen que ser producto de una convocatoria pública previa cuyos objetivos serán la identificación, discusión y formulación de las modificaciones necesarias para la operación óptima de la FGR. La consulta deberá garantizar condiciones de apertura, transparencia y participación de organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, académicas y representantes del sector privado. Los resultados serán públicos y se comunicarán al Congreso de la Unión. Es evidente que el Café Temático Virtual al que en días pasados invitó el Senado no satisface esas condiciones.

Los apremios parlamentarios han ocasionado el incumplimiento de los requisitos legales indicados. Tampoco se realizaron las evaluaciones ordenadas por la actual ley sobre la pertinencia de cambios estructurales en la función ministerial y de persecución penal, el modelo de investigación criminal, la competencia, el servicio profesional de carrera, los órganos ciudadanos, los derechos humanos y la atención a víctimas. Así mismo, quedaron sin revisión el régimen de responsabilidades de los servidores públicos de la Fiscalía, la estructura institucional y el sistema de transición.

La iniciativa ha provocado múltiples reparos. La Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destacó, entre otros aspectos, la inconveniencia de suprimir el Consejo Ciudadano —que nunca se integró—, eliminar el servicio civil de carrera y excluir a la FGR de participar como integrante de órganos de toma de decisión en desaparición de personas, protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y derechos de las mujeres.

A las anteriores consideraciones, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación añadió que la iniciativa implica una subordinación de los organismos autónomos constitucionales, de la administración pública federal y de las entidades federativas, al ministerio público.

La intención de suprimir el Consejo Ciudadano implicaría la eliminación de contrapesos internos al Fiscal General y acrecentaría su poderío. De aprobarse la nueva Ley Orgánica, en 44 largas fracciones del artículo 12 se enlistan todas las facultades que él ejercería, de manera unipersonal y unilateral —sin pasar por órganos colegiados—, entre las que destacan las siguientes:

a) Expedir el Estatuto Orgánico de la FGR, así como de acuerdos, protocolos, lineamientos, circulares, instructivos, bases, criterios, el manual de organización y demás disposiciones administrativas generales para los ministerios públicos.

b) Determinar las políticas para la investigación y persecución penal federal, y para la aplicación de los criterios de oportunidad.

c) Solicitar a los jueces federales la autorización para intervenir comunicaciones privadas.

d) Emitir protocolos que regulen operaciones encubiertas y la infiltración de agentes para investigaciones.

e) Autorizar la cancelación de órdenes de aprehensión y del no ejercicio de la acción penal.

f) Autorizar la sustitución de la prisión preventiva oficiosa por otra medida cautelar permitida por las leyes.

g) Aprobar el proyecto de presupuesto de egresos de la FGR y establecer los criterios generales en materia de recursos humanos, condiciones generales de trabajo, tabuladores y remuneraciones, y otorgar estímulos por productividad o desempeño.

En una categoría especial se ubica la facultad para emitir las disposiciones normativas sobre obra pública. Ciertamente, el Fiscal General tiene que sujetarse a la ley de la materia, pero ostentando libertad absoluta para fijar las reglas aplicables. La relevancia de este poder está en que, desde el año pasado y durante varios ejercicios más, la FGR construirá un enorme desarrollo inmobiliario en el kilómetro 14.5 de la Carretera Federal México-Toluca, en la Alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México, sobre dos predios: uno de 76,408 metros cuadrados y otro de 86,979.

A lo anterior se añade una reforma al Código Fiscal de la Federación que ha pasado desapercibida. Se trata de su artículo 32-D que en la actualidad regula la opinión positiva de cumplimento de las obligaciones fiscales, como una condición para que los contratistas puedan celebrar operaciones con entes y entidades públicos federales, estatales y municipales. Es así como los contratistas irregulares o que evadan impuestos —sobre todo empresas fantasma— no puedan recibir recursos públicos como pagos. La iniciativa propone excluir a la FGR de la obligación de cumplir con ese requisito, lo que en términos constitucionales es inquietante.

Todos estos señalamientos apuntan a un fortalecimiento disfuncional de la FGR, para volverla no más autónoma, sino totalmente autócrata. De suyo, la nueva Ley Orgánica sería un despropósito y las prisas, inentendibles. El análisis colectivo y la discusión pública, exigidos por la legislación vigente, son el mejor antídoto contra el absolutismo. La opción es simple: cumplamos con la ley.

Fuente.