El pasado 31 de julio el presidente, Trump suspendió el aumento de tarifas a nuestro país. El mensaje publicado en su red social Truth Social fue claro en establecer el camino que seguirán las negociaciones sobre la imposición de tarifas, al señalar que México había accedido a eliminar de inmediato sus barreras comerciales no arancelarias. La lista de medidas es larga y la presidenta Claudia Sheinbaum se ha comprometido a eliminarlas.
Esta declaración se relaciona con el “Informe Nacional de Estimación del Comercio sobre Barreras Comerciales Extranjeras” (NTE), de la Oficina del Representante de Comercio de EE. UU. (USTR), que identifica y describe las barreras comerciales en mercados extranjeros. Su propósito es evaluar los obstáculos al comercio y recomendar medidas para superarlos y se publica anualmente desde 1985.
El NTE 2025 identificó que a pesar de la entrada en vigor del T-MEC el 1º de julio de 2020, México sigue presentando una serie de barreras comerciales y de inversión significativas que afectan a las exportaciones e inversiones estadounidenses. Estas barreras se caracterizan por la falta de transparencia, retrasos regulatorios, decisiones no basadas en criterios científicos, proteccionismo de empresas estatales y deficiencias en la aplicación de los derechos de propiedad intelectual. El listado se clasifica en los siguientes rubros:
- Barreras aduaneras y de facilitación de comercio
- Dispositivos médicos, suministros y productos farmacéuticos
- Barreras técnicas y sanitarias
- Protección de la propiedad intelectual
- Barreras en servicios
- Barreras a la inversión extranjera
Barreras aduaneras y de facilitación de comercio
Las barreras aduaneras y la facilitación del comercio presentan problemas como la notificación insuficiente de cambios de procedimiento —a menudo con menos de dos semanas de antelación— y la interpretación inconsistente de los requisitos regulatorios en diferentes puntos fronterizos. También hay una aplicación desigual de las normas de etiquetado y estándares mexicanos, y períodos muy cortos para comentarios sobre enmiendas regulatorias propuestas.
La importación de ciertos bienes está restringida a solo algunos puertos de entrada, dificultando la logística para los exportadores, especialmente las PyMes. La Ley Aduanera de México limita a los agentes aduanales a operar en cuatro puertos si no forman parte de una agencia, a pesar de que el T-MEC prohíbe límites arbitrarios. Además, México no ha implementado una opción de pago periódico para envíos de entrega urgente. Un nuevo requisito desde octubre de 2024 exige a los proveedores de servicios de entrega obtener y almacenar el número de identificación fiscal del destinatario para aplicar procedimientos simplificados en envíos de menos de $2,500, lo que impide el acceso a dichos procedimientos.
Dispositivos médicos, suministros y productos farmacéuticos
En este sector se observan retrasos significativos, de entre 18 y 24 meses, en la expedición de registros sanitarios y permisos de importación, con demoras de más de un año para productos que ya están aprobados por la FDA. La Cofrepis carece de capacidad suficiente para emitir registros y realizar inspecciones en los plazos establecidos.
Respecto al glifosato, la Semarnat ha rechazado permisos de importación sin ofrecer oportunidad de revisar el tema públicamente, ni evaluar evidencia científica. Además entró en vigor un decreto para la eliminación gradual de glifosato e implementó cuotas de importación a los productos que lo contienen.
Para pesticidas y agroquímicos, la Cofepris también presenta retrasos significativos en la obtención de registros y aprobaciones de comercialización, y no se otorgan renovaciones de registro para muchas moléculas de plaguicidas, lo que lleva a la pérdida de licencias y la capacidad de importar.
Barreras técnicas y sanitarias
Las barreras técnicas al comercio incluyen el Reglamento de Implementación de la Ley de Infraestructura de la Calidad, para el cual México ofreció un período de solo 10 días hábiles para recibir comentarios en agosto de 2024, lo cual fue criticado por EE. UU. También hay preocupaciones sobre cómo la regulación afectará la consideración de estándares internacionales.
Los requisitos de Pruebas de Tasa de Absorción Específica (SAR), que mide la cantidad de energía de radiofrecuencia que absorbe el cuerpo humano al usar dispositivos inalámbricos, exigidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) desde 2020, causan una barrera al comercio, utilizando estándares anticuados y provocando pruebas duplicadas y posibles retrasos debido al número limitado de instalaciones acreditadas.
En cuanto a las barreras sanitarias y fitosanitarias, los productos de biotecnología agrícola sufren retrasos significativos de la Cofepris en las decisiones sobre solicitudes de autorización para productos genéticamente modificados, con decisiones no basadas en la ciencia. El decreto de febrero de 2023 prohíbe el uso de maíz genéticamente modificado en tortillas y masa, y lo restringe gradualmente para consumo humano y animal. En el informe se señala que un panel de solución de controversias del T-MEC de diciembre de 2024 dio la razón a EE. UU. en sus reclamos legales, afirmando que las medidas de México no se basan en criterios científicos. Aunque México declaró ineficaces las medidas impugnadas en febrero de 2025, EE. UU. seguirá monitoreando el cumplimiento.
Para el algodón genéticamente modificado, México rechazó solicitudes de cultivo en 2019 y 2020, y no se han tomado decisiones sobre las solicitudes de pruebas de campo experimentales de 2023. A pesar de 25 años de cultivo sin evidencia de impacto adverso, el proceso de aprobación es largo y no basado en la ciencia.
Protección de la propiedad intelectual
México ha estado por varios años en la Lista de Vigilancia del Informe Especial 301 del gobierno de EE. UU. Se observa una amplia disponibilidad de productos piratas y falsificados —físicos y en línea—, y altas tasas de piratería de música y videojuegos. La persecución por la vía penal de las violaciones a derechos de propiedad intelectual es débil, con mala coordinación, recursos limitados, falta de investigaciones sostenidas y sanciones insuficientes. Las empresas enfrentan registros de marcas de mala fe y una larga duración de los procedimientos administrativos y judiciales de infracción de patentes y marcas, con la persistencia de la infracción mientras los casos están en trámite.
A EE. UU. le preocupa que la forma en que la Unión Europea negocia la protección de sus indicaciones geográficas, llevando a México a reconocerlas de manera detallada y específica en acuerdos comerciales, pueda crear precedentes o barreras comerciales para otros países al vincular el acceso al mercado a la aceptación de estas protecciones detalladas.
Barreras en servicios
En los servicios de pagos electrónicos falta un marco normativo adecuado que permita a los proveedores estadounidenses de servicios de pago electrónico ofrecer su gama completa de servicios. El proceso de aprobación para instituciones de fondos de pago electrónicos que utilizan servicios de computación en la nube basados en EE. UU. es largo, complejo e incierto, sugiriendo un condicionamiento tácito al uso de instalaciones locales.
Para los servicios de seguros, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) modificó la interpretación de las leyes, exigiendo retroactivamente el pago del IVA sobre reclamaciones por daños desde 2015. Preocupa que el SAT no aplica la ley de manera coherente, lo que podría llevar a la insolvencia de algunas aseguradoras.
En el informe se señala que en los servicios de telecomunicaciones, un proveedor dominante mantiene casi el 70% de la cuota de mercado, a pesar de las reformas de 2013 y 2014. También se considera como una barrera la reforma constitucional de diciembre de 2024 que eliminó agencias reguladoras autónomas, incluido el IFT, generando preocupaciones sobre el cumplimiento de las obligaciones del T-MEC. El costo del espectro en México es uno de los más altos en América Latina debido a tarifas anuales sustanciales, lo que podría darle mayores ventajas al proveedor dominante.
Barreras a la inversión
El sector energético se ha enfocado en restablecer la primacía de las empresas estatales Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (PEMEX) desde diciembre de 2018. La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica de marzo de 2021 prioriza la electricidad generada por CFE sobre la de empresas privadas, sin importar el costo o impacto ambiental. Hay demoras frecuentes, rechazos injustificados e inacción en las solicitudes de permisos para empresas privadas, así como suspensión o revocación inexplicada o injustificada de permisos existentes. También se identificó que:
– Se extendió hasta 2026 el plazo para que PEMEX esté exenta de cumplir con los requisitos de contenido máximo de azufre en combustible.
– Una política de junio de 2022 exige a los usuarios de la red de transporte de gas obtener gas natural de PEMEX o CFE, lo que ha llevado a empresas estadounidenses a salir del mercado.
– Una reforma constitucional de octubre de 2024 define a CFE y PEMEX como empresas públicas para debilitar la participación de empresas privadas.
– Un paquete de reformas de enero de 2025 garantiza la prevalencia de CFE y su mantenimiento de al menos el 54% de la energía enviada a la red.
– Una propuesta de reforma constitucional de agosto de 2024 prohibiría la extracción de hidrocarburos líquidos y gaseosos mediante fracking, excepto en casos estratégicos nacionales.
En el sector minero, una legislación de abril de 2022 establece un mayor control estatal sobre los recursos de litio, asignando la exploración, explotación y utilización a la nueva empresa estatal LitioMx, excluyendo a empresas privadas. Las modificaciones permiten al gobierno mexicano declarar otros minerales como “recursos estratégicos” para un mayor control estatal futuro. Una propuesta de modificación constitucional de agosto de 2024 busca prohibir las actividades de minería a cielo abierto, excepto en casos estratégicos nacionales.
Finalmente, la Ley de Inversión Extranjera limita la inversión extranjera en ciertos sectores, como la infraestructura de transporte que está completamente cerrada. Se establecen límites a la propiedad extranjera en terrenos destinados a fines agrícolas, ganaderos y forestales, así como restricciones para los servicios de administración portuaria.
Conclusión
Las barreras comerciales y de inversión en México, detalladas en el informe, no solo destacan los obstáculos persistentes para las exportaciones e inversiones estadounidenses a pesar del T-MEC, sino que serán una herramienta clave de negociación.
La identificación precisa de estas barreras no arancelarias es crucial, ya que serán utilizadas por EE. UU. como un punto de negociación para que México evite la imposición de futuras tarifas, tal como lo ha señalado la administración del presidente Trump. Así, la eliminación de estas restricciones se convierte en una condición indispensable para mantener la estabilidad arancelaria entre ambos países. A eso se comprometió la presidenta de nuestro país con el presidente Trump.
