La predicción es que Trump no será juzgado ni sentenciado antes de las elecciones presidenciales de noviembre y que, de ganar, tomará posesión del cargo el 20 de enero de 2025, libre de toda responsabilidad penal durante otros cuatro años debido a la inmunidad presidencial.
La determinación de Trump para lograr un segundo periodo presidencial se tropieza con cuatro juicios penales en su contra, todos con una alta dosis de adrenalina. Su show televisivo The Apprentice, de gran éxito de 2004 a 2015, se ha trasladado en forma electrizante y prodigiosa a la vida política y al juego de poder de los Estados Unidos.
La situación es inédita, pues en la historia de ese país nunca había ocurrido que un expresidente afrontase penas de prisión. En los cuatro juicios, la estrategia de sus abogados ha sido alargarlos para que, de tramitarse, se celebren solo después de las elecciones del 5 de noviembre. De triunfar, Trump gozaría de inmunidad constitucional y los procesos se suspenderían por completo; eventualmente se reanudarían al término de la presidencia en enero de 2029, él con 83 años de edad. En lo estructural, la táctica ha sido exitosa. No en vano ha gastado más de 100 millones de dólares en honorarios.
Dos de los juicios son de carácter federal: uno, en Washington, en que se acusa a Trump de haber incitado la conspiración del 6 de enero de 2021 para anular los resultados electorales de 2020; el segundo, en Florida, por la posesión de documentación clasificada como confidencial y que iniciará el 20 de mayo.
Otros dos casos son estatales: uno en Georgia, también relacionado con la intención de anular la elección presidencial de 2020, el cual tuvo un giro espectacular al descubrirse que la fiscal de distrito Fani T. Willis ha mantenido una relación amorosa con el fiscal especial Nathan J. Wade, subordinado de ella y que operaba la acusación contra Trump. El resultado fue que el juez ordenó que el fiscal fuera separado, por la apariencia de lucro indebido del cargo. El golpe asestado por los abogados fue demoledor, al grado de que senadores y congresistas federales republicanos exigen la renuncia de la fiscal.
Un segundo caso, también estatal y en Nueva York (Manhattan case), se relaciona con el financiamiento de la campaña de Trump en las elecciones de 2016. La trama es exótica y novelesca, al tener como centro a la estrella porno Stormy Daniels —su nombre real es Stephanie Clifford—, con quien Trump tuvo un encuentro sexual en julio de 2006, cuando se conocieron en un torneo de golf en Lake Tahoe, Nevada. Se vieron un par de veces más en 2007 y mantuvieron contacto telefónico durante varios meses; en su celular la identificaba como Honeybunch. Él tenía 60 años; ella, 27.
El asunto no tenía visos de ilegalidad. Pero, según la versión de ella —después confirmada judicialmente—, Trump le prometió convertirla en estrella de The Apprentice, lo que nunca cumplió. El engaño era evidente. Cuando en 2011 Trump hacía sus primeras incursiones en la política de los Estados Unidos —acusando al presidente Barack Obama de musulmán y de haber nacido fuera de su país—, Stephanie Clifford llegó a un acuerdo con la revista de celebridades Life & Style para vender la historia en 15 mil dólares. Sin embargo, el convenio no se ejecutó y la publicación nunca se realizó.
Al poco tiempo, un incidente similar de Trump con la modelo de Playboy, Karen McDougal, concluyó con un convenio de confidencialidad por 120 mil dólares (hush-money). Ello reactivó el interés de Stephanie Clifford por vender su historia. Faltaban pocas semanas para las elecciones de noviembre de 2015, que Trump acabó ganando. Interesado en llegar a una solución inmediata, le encargó a su abogado de confianza, Michael Cohen, especializado en solucionarle todo tipo de problemas, que alcanzara otro acuerdo de confidencialidad; esta vez, con una contraprestación de 130 mil dólares.
Un aspecto importante es que el documento fue firmado por Michael Cohen, no por Trump. El tema penal en Manhattan case se relaciona con el origen de ese dinero.
Días antes de las elecciones, el pacto con Stormy Daniels estaba cerrado; pero el caso tomó un giro rocambolesco ya con Trump en la presidencia. Asesorada por Michael Avenatti, un abogado mediático, bribón y con gran carisma, Stephanie Clifford demandó ante un juez en California la nulidad del acuerdo con Michael Cohen. La razón estructural fue que el documento carecía de la firma de Trump.
El resultado del juicio fue la invalidez del convenio, lo que permitió que ella publicara el libro Full disclosure, por el que cobró 800 mil dólares. Una incidencia fue que Michael Avenatti se quedó, a la mala, con el anticipo de 300 mil dólares; por este delito fue condenado a cuatro años de prisión, que se sumaron a catorce más por fraudes a otras personas y evasión fiscal.
Este nuevo giro abrió la caja de Pandora respecto del origen de los 130 mil dólares pagados a Stephanie Clifford. Michael Cohen afirmó que fue de su propia bolsa; Trump dijo que él no sabía nada del acuerdo. El problema era que, en plenas elecciones, las leyes federales de Estados Unidos prohíben realizar cierto tipo de donativos —directos e indirectos— a los candidatos; por las particularidades del caso, el pago realizado por su abogado caía en esa categoría y configuraba un delito electoral. El tema se enredó más al descubrirse que una empresa pantalla de Delaware, propiedad de Trump, había reembolsado el dinero a Cohen.
El Departamento de Justicia inició una investigación por la posible existencia de un delito. Michael Cohen se declaró culpable y fue condenado a tres años de prisión por financiación ilegal de la campaña electoral y evasión fiscal. Trump, en cambio, fue exonerado. Esto sucedió en la esfera federal.
A nivel estatal, sin embargo, el curso de los 130 mil dólares tomó un rumbo diferente. La fiscalía de Nueva York consideró que, de acuerdo con la legislación local, el dinero pagado a Stephanie Clifford constituía un delito por el falseamiento de registros contables para encubrir el financiamiento ilegal. La investigación concluyó y el caso se llevó ante un juez de Manhattan, de nombre Juan Manuel Merchan, que estableció el inicio del juicio el próximo 15 de abril. Uno de los testigos a declarar será, precisamente, el exabogado de Trump, Michael Cohen. La defensa es interesante: por un lado, sostienen que el expresidente fue investigado y exonerado a nivel federal; y por otra parte, argumentan que las elecciones presidenciales y el delito son federales, por lo que los estados no pueden inmiscuirse en esos temas.
Siguiendo su estilo personal, la conducta de Trump con los jueces, funcionarios judiciales y fiscales ha sido beligerante. En otros juicios fue multado en un par de ocasiones por 30 mil dólares. Previniendo esas conductas, el juez Merchan ha emitido una orden de restricción —gag order— para que se abstenga de emitir cualquier comentario, sobre todo en forma agresiva, respecto de quienes intervienen en el caso. Un hecho significativo es que la orden de restricción no incluye al mismo juzgador, de quien Trump ha dicho: «El juez me odia».
El último toque melodramático se presentó hace pocos días, cuando Trump denunció que Loren Merchan —ferviente colaboradora demócrata en la reelección de Joe Biden e hija del juez de Manhattan— tiene una cuenta en X (antes Twitter) en cuyo perfil aparece una foto de Trump tras las rejas. Él sostiene que existe una coartada en su contra, lo que impedirá que tenga un juicio justo. Un portavoz del juzgado ha dicho que esa cuenta ya no pertenece a Loren Merchan.
Con independencia de la animadversión que en México se tiene hacia Trump, debe reconocérsele la reciedumbre, a sus 78 años, para afrontar este tipo de problemas legales y, al mismo tiempo, dar la pelea interna en su partido (el republicano), lidiar con los medios de comunicación de su país y del extranjero, y desafiar a Joe Biden.
A los juicios penales de Trump les queda mucha cuerda, en ocasiones en forma de novela de alto voltaje y con detalles chuscos, conforme a su personalidad estridente y combativa. Sin embargo, la predicción es que no será juzgado ni sentenciado antes de las elecciones presidenciales de noviembre y que, de ganar, tomará posesión del cargo el 20 de enero de 2025, libre de toda responsabilidad penal durante otros cuatro años debido a la inmunidad presidencial.
