Riesgo de terrorismo fiscal si evasión se equipara con delincuencia [La Jornada]

Ciudad de México. Un “megaterrorismo fiscal” contra los contribuyentes puede desatarse en caso de que el Congreso de la Unión determine convertir la evasión fiscal en delincuencia organizada y la considere atentado a la seguridad nacional, como parte de las reformas al Código Fiscal, Ley de Seguridad Nacional, Código Penal Federal y la Ley de Delincuencia Organizada, pendientes de aprobación aunque ya dictaminadas en el Senado, advirtió Luis Pérez de Acha, abogado especializado en derecho fiscal y constitucional.

Las sanciones conllevan prisión preventiva y extinción de dominio, además de que no habrá acuerdos reparatorios, es decir que “ni pagando el monto defraudado saldremos de la cárcel los contribuyentes”, dijo el especialista quien ofreció una conferencia sobre empresas fantasmas.

Consideró que con el terrorismo se generaría un incremento “notable” en la recaudación fiscal que serviría para cubrir “con mucho” el boquete fiscal de 128 mil millones de pesos de Pemex.

Aclaró que los posibles afectados serían empresas y personas con actividades empresariales, pero no asalariados.

El especialista advirtió que la evasión fiscal sólo es una parte de las múltiples actividades que realizan las mal llamadas empresas fantasma, pues dijo que “no son fantasmas ni inexistentes, ni resultado de un esoterismo legal fiscal o legal”. Emiten los comprobantes fiscales por internet que solo pueden sacar de la plataforma del Servicio de Administración Tributaria (SAT), única forma para acreditar y deducir impuestos, ponderó.

Empresas fantasmas, son multitask: de outsourcing a financiamiento de campañas electorales

Pérez de Acha afirmó que las empresas fantasma son “multitask” porque además de la evasión de impuestos se dedican también al outsourcing, el fraude fiscal, el desvío de recursos, el lavado de dinero y hasta el financiamiento para campañas electorales. “Van donde hay dinero”, remarcó.

Cuentan con el contubernio de funcionarios o exfuncionarios fiscales, quienes llegan a ser capitanes de las mismas y por eso “hay estrellas cada sexenio”. También participan notarios públicos, ejecutivos bancarios y prestanombres.

El SAT, sostuvo, tiene los datos de todas pero hay impunidad y el problema ha crecido tanto “porque nadie le quiere pegar al pesebre”.

Lo mismo afectan a grandes empresas que organismos públicos como Pemex y CFE. En los estados, dijo, donde hay más opacidad en el manejo de los recursos públicos y deficiencias en la contabilidad fiscal el problema se incrementa y destacó que el Estado de México tiene muchos problemas al respecto.

Hay empresas fantasma a nivel nacional, pero también regional, por estados y municipios. El especialista consideró que a la fecha existen 10 grandes empresas fantasma a nivel nacional, algunas identificadas y que incluso han ganado amparos del Poder Judicial contra la revisión de sus cuentas bancarias si no hay orden de juez.

Sin embargo, acotó que no son empresas en el amplio sentido del término en tanto que no generan riqueza, inversiones ni fuentes de trabajo, no están constituidas ante notario y tienen domicilios falsos.

El número total de las empresas fantasma, también llamadas empresas fachada, de papel, simuladoras o factureras que existen en el país se desconoce.

Los 8 mil 511 casos de factureras que hace unas semanas reveló el SAT, sólo son ” la punta del Iceberg”, dijo Pérez de Acha.

No obstante, se aventuró a calcular que quizá esa cifra representa apenas un 3 por ciento del total de empresas fantasma, a partir de extrapolar “la potencia de fiscalización que tiene el SAT que es de 3 por ciento de todo el universo de contribuyentes”.

Puntualizó que por cada empresa fantasma que deja de operar, sea porque las autoridades la detectan o porque sus creadores solo la usaron para determinado fin, surgen decenas o centenas más.