El aumento de impuestos es un tema que deberá afrontar no solo quien llegue a la presidencia, sino también los diputados y senadores de la nueva legislatura que sesionará a partir del 1 de septiembre. De hecho, dada su relevancia, el tema tendría que ser objeto de propuesta de campaña por todos los candidatos a puestos de elección popular.
La realidad es que el gobierno federal anda corto de flujo. Este año se endeudará en 2 billones de pesos, que representa una quinta parte del gasto total del sector público o cuatro veces el Tren Maya. Es una cantidad monumental, equivalente al 66% del ISR y al 140% del IVA. En solo dos años el endeudamiento será de 3.1 billones — en 2023 fue de 1.1 billones— que representa el 10% del producto interno bruto del país.
La fórmula para detener el ciclo acelerado del endeudamiento no es secreta: reducir los gastos o aumentar los ingresos, en específico los tributarios. No hay más. Sin embargo, en lo que hace a los gastos, los márgenes para disminuirlos son estrechos, pues algunos son inamovibles y otros tienden al alza. En el año en curso, por ejemplo, las pensiones ascenderán a 1.4 billones; las comisiones e intereses de la deuda, a 1.2 billones; y las transferencias federales —participaciones y aportaciones— a estados y municipios, a 2 billones. A ello se agregan los gastos inerciales del Tren Maya y la refinería Dos Bocas, más el hoyo negro de Pemex.
La falta de liquidez plantea la disyuntiva de si es necesaria una reforma fiscal, con el propósito inmediato de incrementar los ingresos federales. La pregunta es: ¿cómo lograrlo de manera rápida y eficaz? La respuesta no es sencilla. La reacción inmediata, casi automática, es aumentar impuestos, que como decisión corresponde al Ejecutivo con aprobación del Congreso. El pero es que los costos sociales y electorales serían elevados y de mucho desgaste político. Esta posibilidad quedó descartada en el gobierno de López Obrador —quien cumplió su promesa— y fue también desechada por Claudia Sheinbaum, de quedar como presidenta.
En lo que respecta al IVA, la historia legislativa reciente en México ha sido desafortunada: la primera vez, cuando se subió la tasa general del 10% al 15% en 1995, con Roqueseñal de por medio; y luego, en 2010, cuando se aumentó al 16% y fue objetada por el senador Ricardo Monreal , pues dispararía “la inflación, el crecimiento de la economía informal y el porcentaje de la población en pobreza”.
En lo que corresponde al ISR, algo similar sucedió con el incremento de la tasa del 28% al 30% en 2010, y el salto al 35% del tope máximo de la tarifa para personas físicas en 2014. En ambos casos, las empresas pequeñas y medianas fueron las principales afectadas, pero todavía más los trabajadores, quienes vieron disminuido su sueldo neto —reducción efectiva del salario— en virtud de la mayor retención que les efectuaron los patrones.
Una propuesta añeja es que se aumente la base de contribuyentes, que en pocas palabras significa que se obligue a los informales a pagar impuestos. En términos constitucionales —garantía de igualdad— la petición es acertada y debe hacerse, por supuesto. Sin embargo, los resultados no serían inmediatos, como las finanzas públicas lo requieren ahora; y tampoco la recaudación fiscal se incrementaría de manera sustancial . Además, la idea de incorporarlos a la economía formal es contraintuitiva, pues el error más grande que pueden cometer los informales es darse de alta en el registro federal de contribuyentes y cumplir con el cúmulo de obligaciones fiscales. El diseño de política pública deberá tener un eje distinto al tributario.
Otra alternativa, seguida en Europa, sería el establecimiento de contribuciones especiales al sector financiero y a las empresas de energía contaminantes —que en México recaerían sobre Pemex y CFE— así como a las grandes fortunas. El reto de estas medidas sería de índole constitucional, pues la Suprema Corte de Justicia las ha calificado como violatorias de los principios de proporcionalidad y equidad tributarias . Otra decisión sería si se restablece el Impuesto al Activo, que estuvo vigente en México de 1989 a 2007, como impuesto de control respecto del ISR.
El dinero no tiene color partidista. El hecho es que el próximo sexenio encontrará las arcas vacías. Aumentar o no los impuestos debería estar en el centro del debate electoral de los candidatos a la presidencia y al Congreso Federal.
